Carlos Jaramillo, coordinador del Colectivo Ciudadano Afectados por Créditos Educativos, explicó las ventajas de la Ley.

Boletín de prensa No. 237

Quito, 31 de octubre de 2019

El Gobienro Nacional, a través de la Senescyt, plantea soluciones inmediatas para los afectados por procesos de coativas en créditos educativos. La Ley de crecimiento Económico, presentada a la Asamblea Nacional y que inició su debate hoy, incluye la remisión de intereses y condonación de deuda, en casos específicos, como alternativa para las cerca de 9 mil familias perjudicadas.

En esta línea, Carlos Jaramillo, coordinador del Colectivo Ciudadano de Afectados por Créditos Educativos, destacó que con esta iniciativa, miles de jóvenes se beneficiarán “con convenios de pago más flexibles, condonación del 100 % de la deuda en caso de enfermedades catastróficas, entre otras medidas, destinadas a quienes, en su afán de aprender, vieron afectada su tranquilidad».

Hizo además un reconocimiento público al Presidente de la República, a las autoridades de la Senescyt y del IFTH, quienes “han demostrado humanismo y sensibilidad ante nuestra realidad”.

La aprobación de la ley permitirá que a las personas afectadas se les levanten sus medidas cautelares y la prohibición de ejercer cargos públicos; la suspensión inmediata de los juicios coactivos; la eliminación del historial de crédito vencido, recuperando sus fuentes de empleo o siendo nuevamente sujetos de crédito, entre otras medidas.

Ley

La Ley presentada propone la remisión de interese de mora, multas y recargos para créditos educativos y becas de programas de educación superior.

Plantea la remisión del 100 % del interés por mora, multas y gastos administrativos de aquellos deudores que mantengan obligaciones pendientes de pago o convenios de pago hasta el 31 de agosto de 2019.

Así mismo, su puesta en vigencia prevé la condonación total de la deuda, en caso de que el deudor principal, su cónyuge, conviviente o hijos bajo su dependencia, haya fallecido.

Se prevé, también, el beneficio de 8.707 familias, que de conformidad a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil y el Código Orgánico Administrativo, se encuentren con obligaciones vencidas dentro de un proceso coactivo. El monto de remisión asciende a 6.2 millones de dólares