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Actores del sistema de educación superior analizan propuesta de eliminar título de PhD

A fines de esta semana se reunirán las autoridades de instituciones de educación superior autofinanciadas.

 Boletín de Prensa No.097

Quito, 22 de abril de 2019

El secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Adrián Bonilla, se reunió este lunes con los rectores y las principales autoridades del Sistema de Educación Superior para analizar la propuesta de eliminar el título de PhD presentada por la legisladora Elizabeth Cabezas.

A la reunión asistieron, además, la presidenta del Consejo de Educación Superior (CES), Catalina Vélez; la presidenta del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (s), Ana Lucía Ruano; el presidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior, Galo Naranjo; la Subsecretaria General de la Senescyt, Mónica Mancero; y, representantes de universidades públicas y cofinanciadas.

Durante su intervención, Adrián Bonilla recordó que en la última reforma de la LOES aprobada en 2018, de manera unánime, consta la necesidad de contar con un título de PhD para, por ejemplo, ser rector. “Quiero señalar este dato, debido a que cualquier proyecto debería gozar idealmente de una legitimidad similar”.

Dijo que la eliminación del título de PhD implica un retroceso en la educación superior, pues no es únicamente la posesión de un título, sino la cimentación de requisitos que tienen que ver con docencia, investigación y estudios.

La anulación del grado doctoral “implicaría una decadencia de la calidad. No tendría sentido seguir promoviendo este tipo de estudios porque no habría una necesidad latente, explicó el Secretario de Estado y aseguró que, a su criterio, la propuesta no es conveniente.

Entre tanto, Catalina Vélez llamó a la reflexión y a la necesidad de enseñar a aprender, función específica de los docentes. “Un ejercicio docente ha de estar anclado a la investigación y vinculación con la sociedad. La formación doctoral, por su enfoque filosófico e investigativo, posibilita que los profesores tengan experiencia para direccionar su cátedra”, expuso.

Por su parte, la presidenta del CACES (s), durante su intervención, hizo hincapié en el artículo 93 de la LOES, el cual establece que “el principio de calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, pertinencia, desarrollo del pensamiento”; por lo cual, la eliminación del título de PhD implica un retroceso.

Ruano precisó, asimismo, que en el país existen 3.824 profesores con PhD inscritos y que algunos han sido formados con inversión del Estado. “Esperamos que este proceso se mantenga y que nosotros como Sistema de Educación Superior podamos establecer normas claras en beneficio de nuestra sociedad”.

Análisis

Galo Naranjo, presidente de la Asesec y rector de la Universidad Técnica de Ambato, indicó que es necesario analizar a profundidad el destino de la educación superior. “Debemos establecer una ley coherente con el desarrollo del país. Los retos de innovación e investigación son mayores, evolucionan constantemente”.

Naranjo considera que la propuesta legislativa debe tener relación con la realidad actual, con mayores niveles de formación.

Posición similar mantuvo el rector de la Universidad Central del Ecuador, Fernando Sempertegui, quien indicó que los grados doctorales ofrecen competencias de investigación a los docentes que antes no tenían las universidades en el país. “Estamos defendiendo la calidad universitaria; defendemos la necesidad que tiene el país de tener instituciones de alto nivel, con investigadores que contribuyan al desarrollo del país. No podemos tener una política regresiva”.

De su lado, Ricardo Hidalgo, rector de la Universidad Tecnológica Equinoccial, indicó que la universidad ecuatoriana debe ser gestionada desde la academia y no desde una visión mercantilista o gerencial. “No podemos regresar a la mediocridad de hace algunos años, quiero hacer un llamado a la unidad para que hagamos de esto una oportunidad para no retroceder”.

A criterio de Cecilia Paredes, rectora de la Escuela Politécnica del Litoral, la propuesta carece de bases. «Apoyar a este tipo de reformas es un retroceso; este no es un tema político, es un tema académico. Hace tiempo que la Universidad dejó de ser una institución únicamente de docencia. Hoy las condiciones han evolucionado junto a la investigación, ambas se alimentan conjuntamente”.

En esta primera reunión, las universidades públicas del país expresaron su oposición a la reforma, y en los próximos días las autoridades del Sistema de Educación Superior efectuarán reuniones con instituciones cofinanciadas y privadas.